Paralelamente, ha presentado un escrito ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que tiene las competencias para hacer que se aplique el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, en el que le urge a paralizar "este tipo de autorizaciones de minería que no son compatibles" con esta normativa y a requerir a la consejería que lo ha aprobado a que procesa al "inmediato archivo de todos los expedientes que tengan por objeto la investigación y/o explotación de recursos mineros" en el espacio.
Los terrenos declarados francos, que contienen Caolín, Bentonita, arcillas y rocas bituminosas, se encuentran bajo protección de la Directiva Hábitat y se consideran, por tanto, lugar de interés comunitario (LIC), lo que, según dice el colectivo en su recurso, consultado por Europa Press, es "incompatible" con la protección ambiental.
En esta línea, hace referencia a que el Plan de Ordenación de los Recursos Mineros de Andalucía 2010-2013 de la propia Junta establece esta veintena de zonas en Cabo de Gata como de "incompatibilidad minera ambiental", por lo que remarca que resulta "evidente" que la administración "conoce perfectamente las restricciones legales que impiden el otorgamiento de muchos de los permisos mineros que se sacan".
'Amigos del Parque' también detalla, a lo largo de once páginas, que el artículo 5.3.11 apd 3.a) del PORN de Cabo de Gata en vigor desde 2008 contienen "una prohibición expresa de concesión de nuevos permisos de investigación y de aprovechamiento de recursos mineros ni geológicos" y subraya que la normativa ambiental es "jerárquicamente superior a cualquier resolución que emita una consejería, de acuerdo a la Ley de Patrimonio Natural". "Por lo tanto --ahonda-- todo uso debe adaptarse a los establecido en PORN y, según eso, la resolución de 3 de diciembre sería nula de pleno derecho".
El colectivo apela a un "ejercicio de buen gobierno y uso eficiente de los recursos públicos" para que se archive ya que, a su juicio, las resoluciones podrían constituir un "fraude de ley" al conocer "perfectamente" la Junta las restricciones legales que impiden el otorgamiento de muchos de los permisos mineros que se sacan.
"Se generan expectativas a posibles concursantes que, incluso, tienen que realizar una primera inversión para poder concursar, teniendo la certeza la administración de que dichos permisos no van a poder ser otorgados por incompatibilidad ambiental, y si son otorgados, no van a poder ser finalmente ejecutados porque vulneran preceptos legales establecidos en normas de protección ambiental, urbanística o territorial que el propio Gobierno andaluz conoce", afirma.
Por último, avisa de que esas expectativas "pueden generar incluso, en determinados casos, derechos indemnizatorios que repercutirían en los ciudadanos" y critica que, con esta decisión que califica de "política", se consiga "potenciar y ser partícipe de la especulación en relación a los permisos y concesiones, máxime cuando resulta llamativo, además, que se ponga en funcionamiento sin esperar a que culmine el proceso de elaboración y evaluación ambiental con la Estrategia Minera de Andalucía 2014-2020", concluye.
Asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
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